Aprueban creación de CURP biométrica en medio de debate sobre control y vigilancia
La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas legislativas que marcan un cambio profundo en la gestión de la identidad en México, al establecer la CURP biométrica como la nueva base oficial de identificación de la ciudadanía. Este cambio forma parte de una serie de iniciativas respaldadas por la mayoría oficialista y fuertemente cuestionadas por la oposición, que advierte sobre el riesgo de construir un sistema de control estatal que vulnera derechos fundamentales.
La nueva CURP biométrica estará vinculada a datos como huellas dactilares y fotografía, y se expedirá tanto en formato físico como digital. Además, se crea la Plataforma Única de Identidad, una base interconectada que permitirá validar y rastrear en tiempo real cualquier actividad relacionada con la CURP, accediendo incluso a sistemas de información públicos y privados. El objetivo declarado es mejorar la capacidad de las autoridades para identificar personas y atender casos como desapariciones, pero críticos sostienen que también se abre la puerta a una vigilancia masiva.
Estas reformas fueron aprobadas junto con la nueva Ley General en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que también causó controversia por incluir la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil vinculado a la CURP y a datos biométricos. Según el bloque mayoritario, esta medida busca combatir delitos como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano denunciaron que la ley permite el espionaje sin orden judicial y representa un atentado contra la libertad de expresión y la privacidad.
Durante la sesión, la oposición escenificó su rechazo con manifestaciones simbólicas, como un ataúd blanco con la leyenda "Murió la libertad". Argumentaron que esta legislación configura un Estado policiaco, donde el Estado podrá vigilar, rastrear e intervenir sin los debidos contrapesos democráticos.
A pesar de las más de 70 reservas presentadas por la oposición —ninguna aceptada—, la reforma fue avalada con mayoría de votos y enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La nueva legislación también incluye la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismos que asumirán el control sobre las concesiones en el sector y la modernización del espectro digital.
Por otro lado, en el marco de la reforma sobre desapariciones forzadas, se estableció la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación, así como la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, todo vinculado a la CURP biométrica, con el argumento de mejorar las herramientas de búsqueda.
Mientras legisladores de Morena y sus aliados aseguran que estas reformas representan avances en justicia social y derechos humanos, voces opositoras como la diputada Nadia Navarro (PRI) y Laura Hernández (MC) advierten que se trata de leyes “unilaterales y tramposas” que disfrazan mecanismos de control como si fueran derechos. También señalaron que estas reformas ignoran tratados internacionales y recomendaciones de organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Con este paquete legislativo, el gobierno federal apuesta por centralizar y digitalizar el control de identidad de la población, generando una discusión nacional sobre el equilibrio entre seguridad, tecnología y libertades individuales.
