México no será tercer país seguro para deportaciones bajo política migratoria de Trump: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que México no aceptará ser un tercer país seguro para recibir migrantes deportados desde Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de ese país autorizara deportaciones expeditas a países distintos al de origen.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que desde el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump retomó la presidencia de Estados Unidos, más de 65 mil personas han sido deportadas a territorio mexicano, de las cuales 5 mil 728 no son de nacionalidad mexicana.
“Han llegado varias personas que no son mexicanas. Se recibe como debe recibirse a una persona, por razones humanitarias”, expresó la mandataria, aclarando que México no ha aceptado ni aceptará el rol de país tercero para procesar o retener migrantes deportados por EE. UU.
“Si hay un migrante que es trasladado a territorio nacional, por razones humanitarias tenemos que recibirlo y enviarlo si es su deseo a su país de origen”, afirmó Sheinbaum.
Agregó que el gobierno de Estados Unidos ya tiene convenios con diversos países para repatriar directamente a sus ciudadanos, por lo que no existe necesidad de hacer pasar a los migrantes por territorio mexicano.
La declaración de la presidenta mexicana se produce un día después de que la Corte Suprema de EE. UU. levantara temporalmente una orden judicial que obligaba a permitir que los migrantes impugnaran sus deportaciones. Esto abre la puerta a deportaciones rápidas a terceros países, una medida que ha sido ampliamente criticada por defensores de los derechos humanos.
El caso más reciente se presentó en mayo, cuando autoridades migratorias estadounidenses expulsaron a ocho personas —entre ellas un ciudadano mexicano— hacia Sudán del Sur, un país con el que no tenían relación de nacionalidad.
Ante este escenario, México ha reiterado su compromiso con los derechos humanos y el respeto al debido proceso migratorio, asegurando que no aceptará acuerdos unilaterales que comprometan la soberanía nacional ni la seguridad de las personas migrantes.
